Garantizar la seguridad

El asesinato de un fotógrafo francés en Retiro reactualiza la necesidad de enfrentar el delito sin mezquindades políticas

No hay zona de la Capital que escape de la ola de violencia e inseguridad. El brutal asesinato de un fotógrafo francés, apuñalado en el pecho, a plena luz del día por un delincuente que intentó robarle su cámara fotográfica cuando caminaba por la plaza San Martín, en Retiro, vuelve a mostrar lo desprotegido que se encuentra el distrito, donde los asaltantes, en soledad o en banda, atacan con la impunidad que les da saber que no se los controla.

No fueron pocos los testigos del sangriento hecho ocurrido anteayer que denunciaron públicamente que en ese parque de la ciudad suele no haber policías federales ni metropolitanos. Es cierto que hay cámaras de seguridad, pero su poder es más probatorio que preventivo. Ciudadanos y turistas terminan siendo víctimas de una pelea jurisdiccional por la seguridad que, en rigor, debería ser una política de Estado.

Anteayer, en la plaza San Martín, no había controles policiales a pesar de que se trata de una zona de transbordo con alta rotación de gente y marcado nivel de confrontación, de la que da cuenta un completo trabajo encarado por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, titulado Informe de Conflictividad. En él se auscultan los niveles de enfrentamientos ciudadanos a partir de las denuncias que por delitos, contravenciones y faltas ingresan en el sistema judicial del distrito.

En 2010, por ejemplo, las unidades fiscales porteñas recibieron poco más de 61.000 denuncias contra las 33.000 que habían ingresado en 2007. Para 2011, si bien los datos aún están en proceso, se calcula que serán unas 66.000. Es decir, la conflictividad sigue en aumento. Lo interesante aquí es saber cuáles son sus disparadores. Entre otras variables, se ha tendido a establecer el tipo de delito que más se denuncia (claro está, dentro de los casos penales transferidos a la ciudad). Encabeza la lista el de amenazas, precisamente con un intenso foco de concentración de casos en la zona aledaña a las estaciones ferroviarias de Retiro.

En tanto, el de daños ha mostrado cierto incremento en la zona norte, más acentuado en el barrio de Belgrano, mientras que la tendencia es a la baja en las denuncias por usurpaciones, centralizadas en la zona de los barrios de Balvanera, San Cristóbal, Almagro y Constitución. La tenencia, portación y suministro ilegal de armas de fuego de uso civil se concentra mayoritariamente en La Boca, Balvanera, Almagro, Liniers y Villa Lugano.

Datos igualmente reveladores surgen del análisis de las denuncias por contravenciones. Encabeza la lista el uso del espacio público para el ejercicio de actividades lucrativas sin autorización, es decir, la venta ilegal; la demanda ostensible de sexo en zonas públicas no autorizadas; la exigencia de retribución para cuidar vehículos en la vía pública ejercida por los cuidacoches o "trapitos" y los ruidos molestos. Mientras se redujo el ingreso de denuncias referidas al manejo de vehículos estando alcoholizado.

Otros datos interesantes que provee este estudio están referidos a quiénes protagonizan delitos, faltas y contravenciones en la ciudad y cuál es su situación social. Tal como están presentados los datos, hay que aclarar que esa caracterización está muy lejos de sembrar algún tipo de consideración discriminatoria. Por el contrario, resulta sumamente importante a la hora de planificar políticas de Estado responsables, acciones integrales destinadas a contrarrestar esa conflictividad mediante la atención de sus causas profundas como la desigualdad, la falta de apoyo educativo y social para la población más vulnerable; el desempleo y el subempleo; la violencia intrafamiliar y escolar, y el uso de armas o el consumo de drogas, por citar sólo algunos parámetros.

Así, por ejemplo, del análisis surge que existe un marcado predominio del sexo masculino en la generación de conflictividad, en una relación de tres varones por cada mujer. Y que del total de personas que durante 2010 se han visto involucradas en la comisión de un hecho penal o contravencional, el 77% reside en esta ciudad, mientras que el 22% lo hace en el conurbano.

Otro dato no menor es que el 17% de ese universo de imputados presenta problemas habitacionales (reside en asentamientos, hoteles, pensiones o inquilinatos).

En cuanto a su nacionalidad, contrariamente a la suposición más común e infundada, el 69 por ciento son argentinos y representan el 0,22% de la población total de esa nacionalidad que habita en el conglomerado del GBA. Respecto del grupo de extranjeros que residen en esa área, la proporción representa el 1% de los imputados. Mientras que los de nacionalidad peruana triplican a los nacidos en Bolivia y en Paraguay.

¿Qué sentido tiene desmenuzar estos datos? El único que puede aceptarse, por cierto: el destinado a tomar como base esas circunstancias para la planificación de políticas de educación, integración y prevención, atendiendo a los factores culturales, sociales y económicos que subyacen en los problemas de convivencia.

A la realidad no hay que taparla, tampoco tergiversarla ni forzarle una intención que no tiene. Por el contrario, hay que darle un sustento tal que permita a las autoridades encarar las mejores soluciones tendientes a garantizar una buena convivencia. Soluciones, por cierto, en las que los gobiernos nacional, provincial y local deberían trabajar en forma conjunta para evitar que se repitan hechos como el sucedido en la plaza San Martín, en el que el único imputado por la muerte del fotógrafo francés, además, cuenta con antecedentes por robo.

Editorial de La Nación del día de la fecha

"TRAVESURAS"

Se­ñor Di­rec­tor:

"Todas las conversaciones referentes a los chicos, desde el accidente catalogado como «travesura», están dirigidas a los menores de edad. No he escuchado un comentario referente a los muertos que éstos ocasionan o a las familias truncadas por la pérdida de un hijo, un padre, una madre, etcétera.

"Un chico de 15 años sabe muy bien la diferencia entre lo que está mal y lo que está bien. Estamos generando una juventud criminal protegida por la ley. Vemos diariamente chicos armados con revólveres y cuchillos que matan solamente para robar un celular o las zapatillas de otros, o que matan a ancianos a golpes para robarles unos pocos pesos.

"¿Por qué lo hacen? Simplemente porque no tienen nada que perder. Si caen presos, entran por una puerta y salen por la otra. Es hora de que nos ocupemos de los que sufren. Los menores que nos hacen sufrir la pérdida de nuestros seres queridos deben pagar.

"Es de urgencia que se cambie la ley por una que acabe de una vez por todas con la generación de familias quebradas."

Mauricio Rizikow 
DNI 4.048.848

mrizikow@arnet.com.ar

publicado en La Nación edición impresa

La anestesia social de América latina - por Julio María Sanguinetti

Decía Fernando Henrique Cardoso hace unos días, en una conferencia en Punta del Este, que estamos viviendo en América latina una suerte de anestesia, que obtura la sensibilidad frente a los fenómenos de corrupción o de ilegalidad.

Su expresión, evidentemente, estaba inspirada por el caudal de actos de corrupción que acumuló el gobierno de Lula, sin que a nadie se le moviera un pelo, pese a las fundadas acusaciones que hacía la prensa. Hoy, la nueva presidenta intenta corregir la situación, desalojando ministros más que sospechosos, pero todo indica que va a cosechar más problemas que aplausos.

En la Argentina, el caso Schoklender, denunciado en detalle por la prensa y comprobado ante la Justicia, no parece repercutir sobre quienes financiaron y prohijaron ese impune manejo de fondos públicos. No es políticamente correcto hablar del tema, porque la entidad que está involucrada viene santificada por los excesos de la dictadura y eso la cubre de un baño de inmaculada pureza.

¿Qué está pasando? ¿El consumismo ha devorado la ética y basta una fuerte bonanza económica para que ya la moral pública carezca de cultores?

Aun en un país con fuerte tradición de legalidad como Uruguay, en los últimos tiempos los atropellos a la Constitución tampoco parecen conmover.

Como se sabe, por ejemplo, a la salida de la dictadura, después de 1985, se promulgaron dos amnistías: una para los guerrilleros que habían atentado contra la democracia y otra para los militares que, combatiéndolos con éxito, también atentaron contra la democracia y cometieron delitos tan graves como los de los otros.

Pues bien: nadie discutió la amnistía a los guerrilleros; la amnistía a los militares fue enfrentada con un plebiscito popular, que en 1989 ratificó la ley. Veinte años después, fue nuevamente llevada a plebiscito, y la ciudadanía volvió a ratificarla, en el mismo momento en que elegía presidente a un viejo guerrillero. Más legitimidad, entonces, imposible.

¿El consumismo ha devorado la ética y basta una bonanza económica para que la moral pública carezca de cultores?

El Parlamento, sin embargo, intentó una anulación inconstitucional y fracasó, con el propio presidente pidiendo respeto al voto de la ciudadanía. Poco después se insistió y se terminó derogando la ley, en forma retroactiva, lo que será juzgado en su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. ¿El hecho ha conmovido en el legalista Uruguay? Por cierto que no, pese a que no sólo la oposición, sino el propio presidente están en la posición de que, habiéndose pronunciado la ciudadanía en forma directa, ningún órgano de representación indirecta puede cambiar sus pronunciamientos.

Lo que ocurre con la prensa en Venezuela o Ecuador es gravísimo y, sin embargo, sus presidentes, deslizados prácticamente a la dictadura, mantienen índices de aceptación que no se mellan. Algo parecido ocurre en la Argentina con la escalada gubernamental contra Clarín y La Nacion. Es más, he discutido con amigos argentinos de convicción democrática, que fácilmente se extravían en el análisis y piensan que como Clarín es un gran multimedio que -según ellos- ha ido demasiado lejos en su poder, puede ser agredido desde las alturas. Se olvidan, por cierto, de que esa expansión empresarial ocurrió, a lo largo de años, al amparo de las normas de cada momento y de que el gobierno, en nombre del cuestionamiento a sus antecesores, no tiene derecho a atropellar las leyes y aplicarlas retroactivamente. Sin dejar de advertir que es muy obvia la intención de silenciar a un órgano opositor.

Advertimos un cambio civilizatorio muy profundo. La revolución científica se lleva por delante a los grandes diarios de opinión, como Le Monde o The New York Times, del mismo modo que deja al costado del camino a empresas tan emblemáticas como Kodak. Las fortunas hoy se hacen rápido, y muy especialmente con el comercio de productos inmateriales (Internet, Google, Facebook). Paradójicamente, en América latina la bonanza nos viene de lo opuesto, de una resurrección de las viejas materias primas, y allí aparece también una nueva faceta de la fragilidad democrática, porque los grandes precios internacionales producen esta sensación de riqueza generalizada y todos sabemos que, en algún momento, comenzarán a retraerse, simplemente porque la economía tiene ciclos y cuesta creer que, en la sociedad del conocimiento, las materias primas serán la respuesta eterna.

Mientras la economía se mueve así, la familia se debilita cada día más, los partidos son abandonados por los ciudadanos, la droga hace estragos y potencia la violencia del delito y las legiones de "ni-ni" forman bolsones de una juventud que la sociedad no logra atraer al estudio ni ofrecerle un empleo, que requiere hoy otras calificaciones.

A la larga somos optimistas. Siempre la libertad termina por imponerse. Pero en el horizonte cercano vislumbramos serios problemas, cuando el PBI importa más que el Estado de Derecho y la ética pública, y el hombre de esta época deja de ser un ciudadano consciente de sus derechos y obligaciones para transformarse en un consumidor voraz, un contribuyente tramposo y un indiferente cívico.

publicado en La Nación del día de la fecha

El autor fue presidente de Uruguay

La cultura de la corrupción

La sociedad argentina viene dando muestras de una peligrosa resignación frente a uno de sus peores flagelos

A lo largo de las dos últimas décadas, la sociedad argentina parece haberse acostumbrado -no sin algún grado de resignación y también de cinismo- a convivir con la corrupción y sus efectos disolventes. Escándalos que en otros países acarrearían la renuncia inmediata de los funcionarios involucrados aquí parecen simples picardías, mientras que cualquiera de nuestros más sonados casos de corrupción provocaría la caída de un gobierno en otras latitudes.

Las últimas encuestas señalan que no reaccionamos como es preciso ante este fenómeno de tan nefastas consecuencias ni priorizamos su combate. Ya no pesa en las prioridades ciudadanas en el momento de emitir el voto, y así lo confirma el resultado de las últimas elecciones.

Ya no rechazamos la corrupción ni parecemos reprochar demasiado a los corruptos. De alguna manera, nuestra condescendencia parece consentirla y exteriorizar resignación frente a lo que se considera inevitable.

El sentido del término corrupción, más allá de delitos como el soborno y el cohecho, también se refiere a las acciones de depravar, pervertir y echar a perder, y éste es, precisamente, el efecto a más largo plazo de la corrupción: echar a perder una sociedad cuando ésta se acostumbra y deja de indignarse y de reaccionar contra ese flagelo.

Entre los factores que han contribuido al actual estado de cosas, debe destacarse el número creciente de graves casos que han salido a la luz desde comienzos de la década de 1990 hasta el presente, y el hecho de que casi ninguno de ellos haya tenido una sentencia condenatoria firme.

Al contrario, la mayoría de esas causas permanece en estado vegetativo. Otras han prescripto por el paso del tiempo. Algunas de las más comprometedoras para el Gobierno, como la del enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner y Skanska fueron sobreseídas pese a las pruebas existentes. La del contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, que tuvo procesado al ex presidente Carlos Menem, también obtuvo sobreseimiento, pues el tribunal consideró que se cometieron otros delitos, ya prescriptos, menos el de contrabando, que no había prescripto.

La corrupción requiere complicidades para su propagación, y la primera de esas complicidades es la de la Justicia que no actúa o actúa para garantizar la impunidad de los corruptos. La segunda complicidad, aunque duela decirlo, es la de una sociedad que opta por agachar la cabeza y resignarse, cansada de ver estallar caso tras caso para luego comprobar cómo la Justicia mira hacia otro lado. Ya ni siquiera parece existir condena social para los corruptos, que se pasean ostentando su riqueza mal habida.

En un ambiente político de arbitrariedad, fomento de los enfrentamientos, patronazgos descarados, clientelismo político descarnado, malversaciones sin castigo, abusos de poder y fraudes que estallan y conmueven, pero que al poco tiempo se evaporan, manipulación de cifras oficiales, incumplimiento flagrante de sentencias, la corrupción halla un excelente caldo de cultivo. Una sociedad que pasa de la indignación al hartazgo, para luego anestesiarse, termina por asistir al triste espectáculo de cómo se procura demoler nuestros códigos éticos tradicionales para reemplazarlos por la cultura de la impunidad.

En ese complejo entramado de conductas reprobables, se han ido pervirtiendo los principios morales centrales. Cada vez más, la política aparece apenas como un modo más de acumular poder o hacer dinero, por oposición a la vocación de servir a la sociedad.

No parece importar demasiado si así se siembra en nuestros jóvenes el desinterés por la cosa pública o, lo que es peor aún, que se vea en la política la oportunidad de enriquecerse en forma rápida y deshonesta. Tampoco, si se distorsiona caprichosamente la asignación eficiente de los recursos. Ni si se mina la confianza social, se desconoce el valor del trabajo, del esfuerzo, de la honradez o del mérito.

Estas conductas resultan funcionales a buena parte de nuestras estructuras políticas, responsables de que el intervencionismo haya crecido exponencialmente con una notoria dosis de sobrerregulación que crea infinitas oportunidades de corrupción. En un escenario de opacidad se crean, además, toda suerte de mitos y enemigos demonizados como fórmula de distracción.

Asumiendo que la ética es una barrera de poca eficacia, los mecanismos de control han sido desnaturalizados o neutralizados. Muchos de ellos quedan en manos de familiares, amigos o funcionarios sumisos, de modo que, más allá de la apariencia, la realidad sea la impunidad. No es sorprendente que, en este escenario, la prensa independiente sea perseguida y demonizada para que no pueda ejercer su función republicana de control de los actos de las administraciones. Para ello, distintas formas de censura indirecta se han extendido. Y un gigantesco multimedio adicto al oficialismo -financiado por la publicidad oficial, o sea con el dinero de todos- se dedica a propagar y machacar el "discurso único", disimular errores y aplaudir sin cesar.

Como consecuencia de todo esto, los cimientos mismos del Estado de Derecho han sido socavados gravemente. Y la corrupción está instalada entre nosotros. El poder parece haber logrado transformarse en incontrolable como resultado inevitable de la indiferencia en que nuestra sociedad parece haber caído frente al fenómeno de la corrupción.

Frenar este flagelo exige un fuerte compromiso de cada ciudadano honesto. Sólo perseverando en la demanda de transparencia de los actos de gobierno, denunciando los vicios de los funcionarios y las sospechas de corrupción, aunque más no sea para que exista la condena social, podrá lentamente empezar a revertirse esta situación, antes de que se siga degenerando hasta pasar a convertirse en una cultura social..

Publicado en La Nación del día de la fecha

Un juez agravó un homicidio por la ley de violencia de género

Fallo novedoso en Lomas de Zamora
Sin solicitud del fiscal, hizo lugar al pedido de la familia de una mujer que murió quemada

Un juez bonaerense que aplicó los fundamentos de la ley que previene y sanciona la violencia contra la mujer como agravantes de un homicidio, a pesar de que el fiscal no lo había solicitado, reivindicó el derecho de los familiares de las víctimas a reclamar esa medida.

El juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, que la semana pasada dio impulso al caso de Fátima Catán, quien en agosto de 2010 murió luego de ser quemada en su casa de Villa Fiorito, explicó a la agencia de noticias Télam que le imputó a Mario Santillán, de 32 años, pareja de la víctima, la autoría de "homicidio en el contexto de violencia familiar", sobre la base de la ley 12.569, que rige en territorio bonaerense para esos casos.

Lo hizo luego de que, durante un año y cuatro meses desde que ocurrió el hecho, el fiscal Ramiro Varangot mantuviera la calificación de "averiguación de causales de muerte".

Dijo del fallo: "Es novedoso desde el punto de vista de que adopté esta decisión sobre la base de un pedido del particular damnificado. Con esto se abren nuevas miradas para los familiares que no encuentran respuesta por parte del fiscal", en relación con el planteo del abogado querellante, Gabriel Juricich.

En su fallo, el magistrado expuso que "el particular damnificado es una figura coprotagonista, a la par de la labor del titular de la acción [el fiscal]", y según el artículo 6 del Código Procesal Penal provincial, sus peticiones "habilitarán al juez o al tribunal a abrir o continuar el juicio, a juzgar y a condenar".

Con respecto a su decisión de imputar el delito sin previo requerimiento del fiscal, como prevé el Código Penal, Vitale recordó que, por ejemplo, el artículo 334 bis da al particular damnificado facultades de continuar una causa cuando hay un pedido de sobreseimiento por parte del Ministerio Público.

"En la provincia de Buenos Aires lo que ocurrió es que, con las últimas modificaciones, el particular damnificado puede acusar en un juicio, aunque no lo haga el fiscal y lograr una condena, y también pedir la elevación a juicio. Es una interpretación que yo realizo, pero si pueden pedir eso, ¿cómo no van a poder pedir la imputación de una persona?", planteó.

DISCUSIÓN ABIERTA

Consultado sobre si la decisión generó polémica en el ámbito jurídico, aseguró: "La discusión es feroz porque hay jueces muy garantistas que dicen que esto va contra los derechos del imputado".

Según Vitale, el fiscal no solicitó ninguna medida tras su decisión y anticipó que seguramente "se planteará una nueva discusión si el particular damnificado pide la detención" del imputado.

Fátima Catán, que cursaba un embarazo de cinco semanas, fue quemada el 19 de agosto de 2010 en su casa de Murature al 600, Villa Fiorito, donde convivía con Santillán; sufrió lesiones en el 85% del cuerpo y murió al día siguiente.

Según la versión que Santillán dio a la policía poco después del hecho, Fátima estaba limpiando discos compactos con algodón y alcohol, encendió un cigarrillo y se prendió fuego.

El 27 de este mes se hará la reconstrucción del hecho con la presencia del acusado, que ya fue notificado; los bomberos efectuarán un peritaje para intentar determinar cómo sucedieron los hechos.

El juez Vitale explicó a Télam que "en la causa hay once testigos que hablan de la relación violenta que tenía la pareja, y dos de ellos dicen que esa noche se insultaban a los gritos y peleaban".

Los médicos que la atendieron dijeron que la víctima dio dos versiones: que se prendió fuego mientras fumaba al frotarse alcohol en el cuerpo porque le picaba, y que se quemó al manipular una botella de alcohol.

HISTORIAS QUE SE REPITEN

EL CASO TESTIGO

El caso de Wanda Taddei 

Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejeros, será juzgado en febrero próximo por el homicidio de su esposa, Wanda Taddei, en febrero del año pasado. El fiscal acusó al músico de haber prendido fuego a la mujer en su casa.

CONMOCIÓN EN GENERAL PICO

Violación y asesinato 

El 10 de este mes, en General Pico, La Pampa, Carla Figueroa fue asesinada de diez puñaladas por Marcelo Tomaselli. Ocho días éste antes había salido de la cárcel gracias a que Carla, que lo había acusado de violación, aceptó casarse con él..

Incesante avance del narcotráfico

Las amenazas de narcotraficantes a jueces y otros funcionarios judiciales de Salta y Jujuy confirman el avance de este flagelo

En numerosas oportunidades hemos advertido en esta columna sobre el incesante avance del narcotráfico en nuestro país y acerca de la inconcebible y llamativa ausencia de un plan oficial serio y eficaz para combatirlo.

Por desgracia, han ocurrido ahora nuevos y graves episodios que se suman a una larga lista que conforma un panorama cada vez más grave.

En efecto, en un hecho que hasta ahora no tendría precedentes en nuestro país, en Salta y Jujuy tres jueces federales, un fiscal federal y un secretario de un juzgado que se ocupan de importantes investigaciones sobre el tráfico de cocaína han sido víctimas de amenazas y atentados que, en principio, provendrían de narcotraficantes.

Estos repudiables hechos ocurridos en una región en la que anualmente se secuestra una tonelada de cocaína -es sabido que los decomisos apenas representan el diez por ciento del volumen comerciado- traen a la memoria lo ocurrido en Colombia y lo que está sucediendo en México, y deben alertar a nuestras autoridades.

En la misma línea se inscriben las cada vez más frecuentes detenciones de efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad que se dedican al narcotráfico, como ocurrió hace pocos meses con gendarmes que ingresaron en Salta provenientes de Bolivia con 980 kilos de cocaína.

En un país como la Argentina, que hace ya varios años que ha dejado de ser una zona de paso para la droga para convertirse también en un escenario de producción y comercialización, la Justicia y las fuerzas policiales y de seguridad se encuentran en la primera línea del combate contra este negocio.

Pero cuando en el nivel nacional se carece de una auténtica voluntad de enfrentar el narcotráfico en su verdadera magnitud, policías, gendarmes y funcionarios judiciales quedan librados a su suerte ante un enemigo al que le sobra dinero y capacidad de presión y de fuego, como lo demuestra la realidad mexicana.

Han debido transcurrir largos años hasta que, recientemente, comenzó a concretarse la demorada radarización de las regiones que semejan zonas liberadas para las avionetas que transportan droga. Ya se han instalado radares en Posadas, Santiago del Estero y Resistencia, pero inexplicablemente será preciso esperar hasta 2014 para que cubran todo el Norte. Demasiado tiempo para combatir un flagelo que corrompe a todos los estratos de la sociedad.

El florecimiento del comercio de la droga en villas de emergencia también debería obligar a la adopción de medidas antes de que se reproduzcan en ellas lo que ha ocurrido con las favelas de Río de Janeiro, en las que el narcotráfico se convirtió en el poder dominante.

Finalmente, es preciso recordar que la otra punta del narcotráfico es el lavado del dinero que produce la droga, y que al igual que los gobiernos anteriores, el de los Kirchner nada ha hecho para combatirlo, salvo adecuar tardía e insuficientemente la legislación para evitar sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y no porque sea su propósito perseguir el blanqueo de capitales producidos por el delito. Esto se verifica al reparar en la falta de efectividad y profesionalismo de la Unidad de Información Financiera (UIF), rebajada a un organismo para perseguir a quienes cuestionan al Gobierno.

Significativamente, tanto el narcotráfico como el lavado están ausentes del discurso oficial, como si se tratara de realidades que sólo deben tener cabida en las crónicas policiales.

Al no otorgarles su real trascendencia y no enfrentarlos con auténtica voluntad y presupuesto, se los termina potenciando y se favorece su florecimiento..

Publicado en La Nación del día de la fecha

La sociedad argentina dejó de cuidar a sus jóvenes

Mail: sergiosinay@gmail.com 

¿Puede sobrevivir una comunidad que no valora a sus jóvenes?, pregunta James Rachels en suIntroducción a la filosofía moral . Para todo grupo humano, sus niños y jóvenes son el puente hacia el mañana, receptores y albaceas de valores y posibilidad de trascendencia.

La sociedad argentina dejó de valorar y cuidar a sus niños y jóvenes. Y el fenómeno tiende a naturalizarse.Psicópatas afectivamente desairados, mafiosos, ladrones e incluso policías asesinan a chicos.

Cantidades no contadas de jóvenes se matan alcoholizados en las rutas (las estadísticas se quedan cortas, cada pueblo o ciudad llora los propios). Sobredosis de droga y comas alcohólicos son pan de cada madrugada entre viernes y domingos, los médicos de guardia dan fe de ello con desaliento ante oídos sordos. Se los incluye en actividades no aptas (el karting infantil es una irresponsabilidad adulta, por ejemplo). Son altos y dolorosos los costos del descuido.

Demasiados padres se despreocupan y creen que su función es comprarles todo, enviarlos a colegios caros, darles "libertad" (desentenderse de poner límites a partir de valores), ser "amigos" (privarlos de una referencia adulta) o llenarles la agenda de actividades que los ocupen para que el ejercicio de la paternidad y la maternidad no sea cargoso.

Los funcionarios educativos de diversos niveles los convierten en estadísticas, en powerpoints o en objeto de discursos oportunistas, vacíos y populistas (con una notebook por alumno no se cuida a chicos reales, con necesidades verdaderas). Gobernadores e intendentes ponen cara de circunstancia ante las tragedias.

Varias industrias (del alcohol, de comida chatarra, de conexión tecnológica, de la noche, del entretenimiento, entre otras) los usan como mercado y los vampirizan.

Como Cronos, el titán griego que devoraba a sus hijos por temor a ser destronado por ellos, una parte significativa de nuestra sociedad, que incluye a representantes de todas las actividades y clases sociales, malogra serialmente la vida de sus hijos. ¿Qué les sucede a esos adultos? ¿Qué los distrae de sus responsabilidades? ¿Qué urgencia (de diversión, de acumulación económica o material, de arribar, de pertenecer, de figurar, de tener, de poder... ¿de qué?) los abduce?

Todos culpan a todos. Padres a autoridades. Autoridades a padres. Todos a dealers , delincuentes y comerciantes. Muchos a la mala suerte. Responsabilidad cero, en tanto se pierden vidas breves y futuros largos.

Sin modelos y presencia adulta nutricios, el futuro es de pronóstico sombrío. Dice Rachels: "Los niños a los que no se cuida deben ser la excepción, no la regla". En la Argentina, otra vez, la excepción es regla..

Publicado en La Nación del día de la fecha